• En la actualidad el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas de delitos y de abuso de poder debe constituir un elemento indispensable para fortalecer y garantizar un mejor ejercicio de los derechos humanos en un Estado democrático. Ello necesariamente implica identificar sus necesidades básicas a fin de propiciar los causes legales necesarios para una adecuada y oportuna atención.

  En tal virtud, el primer contacto de la víctima con los servicios de urgencia llámese médicos, de seguridad pública o de procuración de justicia, generalmente se lleva acabo vía telefónica, pero la falta de información sobre los servicios profesionales e instituciones que atienden a las víctimas, ocasiona que estas se vean insertas en un ir y venir de dependencias, trámites y esperas, que trae como consecuencia una victimización secundaria, la cual genera desconfianza y desanimo en las víctimas para no denunciar los hechos a las autoridades.

  De igual forma, se debe propiciar en las autoridades una conciencia seria y responsable para efecto de adquirir un compromiso gubernamental en la promoción de los derechos de las víctimas, así como la abstención de conductas que anulen sus derechos o generen una nueva victimización.

Por otro lado, los problemas derivados de la materialización de conductas delictuosas, no termina con la afectación directa a la víctima, sino que además se extiende indirectamente a terceros, tales como: la familia, los testigos y demás servidores públicos que le presten ayuda con motivo del desempeño de sus funciones.

Las víctimas y la sociedad entera, al igual que las Comisiones Públicas de Derechos Humanos, no aceptan ni aceptarán jamás la impunidad, la corrupción ni la injusticia, ya que buscan que los responsables de cometer delitos sean castigados adecuadamente, que las víctimas sean atendidas, que reciban una adecuada asesoría jurídica y que los daños sufridos con motivo de la comisión de ilícitos les sean reparados.

En tal tesitura, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa en su compromiso con la sociedad sinaloense, procura que las víctimas del delito reciban la atención jurídica, médica, psicológica y social adecuada.

De ahí que, en fecha 30 de junio de 2008 celebró un Convenio de Colaboración con las Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con el Gobierno del Estado de Sinaloa, cuyo objetivo fue sentar las bases para establecer una Red de Atención Integral a Víctimas y Ofendidos del Poder y del Delito en el Estado de Sinaloa, con el propósito de facilitar el acceso a los programas de protección de toda persona que ha sufrido un daño material o moral en su persona o bienes con motivo de la comisión de delito y de continuidad a las actividades encaminadas a la promoción, protección y divulgación de los derechos fundamentales de las víctimas entre la población del Estado.

En ese contexto, es como surge lo que hoy es la Red Integral de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito en el Estado de Sinaloa, cuya misión es  lograr que toda persona que sea víctima de un delito en el Estado, se le respeten sus derechos mediante una cultura de promosión, defensa y protección de los mismos.