A pesar de que en los tiempos actuales se ha hablado mucho de las víctimas del delito, tal parece que ni los juristas ni los legisladores lo han abordado suficientemente, aunque como una excepción a lo anterior en el Estado de México en 1969 por primera vez en la República entra en vigor la Ley para el Auxilio de la Víctima del Delito.

Posteriormente, surgen otros cambios significativos que son mejorados a partir de las reformas de 1993 y 2000 al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se elevaron a rango constitucional los derechos de las víctimas, tales como: “En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera”.

Sin duda alguna la inclusión en la carta Magna de los derechos de la víctima constituye un gran avance.

Antes de la reformas a la Constitución Federal de fecha 28 de mayo de 2008, los derechos de las víctimas u ofendidos se mencionaban en el artículo 20 apartado B, de los cuales se sustraen los siguientes:

I.- Recibir asesoría jurídica

II.- Coadyuvar con el Ministerio Publico

III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV.- Que se le repare el daño.

V.- Cuando la victima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro.

VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.

En mayo del 2008 con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos de las víctimas o del ofendido quedaron señalados en el mismo artículo 20 pero en el inciso C.